El Forjista

El gobierno de Aramburu

El regreso de la Argentina colonial

La política económica de la dictadura estuvo centrada en regresar a esa Argentina dependiente que beneficiaba a un puñado de argentinos que conformaban la oligarquía, y que había sido jaqueada por el peronismo pero que resurgía para concretar su revancha.

A los pocos días del golpe palaciego de Aramburu se anuncia el regreso al país del ex dueño del diario pronorteamericano La Prensa, Alberto Gainza Paz, que había sido expropiado por el peronismo y que fue entregado a la CGT, el presidente anunció que el diario le sería retornado a su anterior propietario, paralelamente se realizaban otros anuncios como la liberación de precios, la reglamentación de los desalojos rurales, mientras que las autoridades del Banco Central anunciaban que se liberaba los movimientos de fondos con el extranjero.

Al arribar al país Gainza Paz expresaba su gratitud con el gobierno que le regresaba su empresa, señaló que: “Este decreto será un decreto histórico, que honra a quienes lo concibieron, redactaron, y al gobierno que lo ejecutó y por ese sólo hecho, el gobierno de la Revolución Libertadora merece la gratitud de todos los argentinos”. (36) El empresario parecía confundir, por cierto que no inocentemente, la diferencia entre sus intereses económicos y los del país.

Se fijó como objetivo la apertura de las aduanas para que el capital extranjero pudiera ingresar sin ningún tipo de limitación, el ministro del Interior, Eduardo Busso explicaba: “Crear, con pleno resguardo de la soberanía nacional y sobre la base del respeto y garantía a la propiedad privada, las condiciones propicias a la inversión de capitales extranjeros las complementen y estimulen el esfuerzo de la producción argentina”. (37)

Raúl Prebisch fue el autor del Plan que promovía el retorno de la Argentina colonial mediante el ingreso a los organismos financieros internacionales y con el regreso a una estrategia de continuo endeudamiento, así se expresaba: “Y ahora estoy en la trágica situación de tener que decirle a la Nación que es ineludible el ‘empréstito exterior’. No he vacilado de decirlo porque creo que en las actuales circunstancias conviene al país, a fin de obtener los elementos indispensable para vencer el punto muerto, el estancamiento en que hoy se encuentra su economía”. (38)

El Poder Ejecutivo crea una Junta Consultiva Económica para asesorar a Prebisch, la integraban entre otros Adalbert Kieger Vasena que tiempo después ocupara el Ministro de Economía de la dictadura de Onganía, Juan Baustista Peña integrante del partido de Alsogaray e integrante del directorio de grandes corporaciones y los sindicalistas Sebastián Marotta y Francisco Peres Leirós a quienes ya mencionamos cuando abordamos el tema de los denominados “sindicalistas libres”.

Una vez que el Informe Prebisch estuvo terminado fue presentado al Jefe de la Casa Militar, Capitán de Fragata Francisco Manrique, el proyecto era un típico plan de estabilización donde se cuestionaba a los Convenios Colectivos de Trabajo y se le reclamaba a los trabajadores que realicen su tarea de una mejor manera, como si eso dependiera exclusivamente de ellos y no de los empresarios: “Hay que establecer el sentido de autoridad, jerarquía y responsabilidad y asegurar amplia justicia para todas las partes actuantes”.

Uno de los objetivos del plan era el incremento de la productividad que significa según Prebisch“mejor trabajo, y no más trabajo, salvo cuando se haya trabajado menos que lo que normalmente corresponde, lo cual es inadmisible”.

Seguía diciendo el informe: “El procedimiento que se recomienda para aumentar sueldos y salarios sin consecuencias inflacionarias ha de ir unido a un cambio total de la forma de actuar que en esta materia ha seguido el gobierno precedente”.

El salario no debía ser fijado por el gobierno sino por las partes con el arbitrio del Estado, para repetir que sólo a través de un aumento del rendimiento era posible aumentar los salarios. De hecho esto significó que se suspendieran los incrementos de sueldos, sólo se permitía aumentos por productividad es decir extendiendo la jornada laboral de los trabajadores.

También se proponía el traspaso a la actividad privada del trasporte automotor y el acero, en cambio para los ferrocarriles se sugería despedir personal empezando por los incompetentes y todos aquellos que demuestren que no pueden trabajar con un mínimo de disciplina, según la definición del proyecto presentado por Prebisch. (39)

Un día después se conoce un segundo documento económico donde se explicitaba que el centro del mismo consistía en los beneficios que se le otorgaban al capital extranjero y el creciente endeudamiento, no se ocultaba que las víctimas de ese proyecto eran los trabajadores pues con respecto a la administración pública proponía: “Eliminar personal que careciera de la indispensable idoneidad y redistribuir el personal sobrante”, se promovía la liquidación de empresas estatales, la eliminación del control de precios y la desnacionalización de los depósitos bancarios.

Arturo Jauretche fue una de las pocas voces que salieron a denunciar el carácter antinacional de este plan económico, a pesar del cerrojo sobre la prensa la noticia logra filtrarse: “Uno de los primeros impugnadores del Plan Prebisch fue el expresidente del Banco de la Provincia, Dr. Arturo Jauretche para quién, según el subtítulo que ha puesto al folleto en que figura sus publicaciones periodísticas sobre la materia, aquel es un ‘retorno al coloniaje’”. (40)

En febrero de 1956 el gobierno autoriza un aumento salarial del 10% pero la medida va acompañada de una serie de disposiciones notoriamente inconvenientes para los trabajadores, se autorizaba a las empresas a desplazar mano de obra con el supuesto objetivo de mejorar la productividad, se autorizan los incentivos que era una manera de aumentar la jornada laboral, se anuncia que se revisarán los Convenios Colectivos para eliminar las cláusulas que afecten la productividad, se alentaba la división en el Movimiento Obrero mediante la separación de los convenios entre obreros y el personal de supervisión, se prorrogaban los Convenios Colectivos.

Luego de un gran despliegue propagandístico sobre la restitución del diario La Prensa a la familia Gainza Paz, el sindicato de Prensa denuncia que desde que se hicieron cargo se produjeron 900 despidos, además se informa que el pago de las indemnizaciones correrá a cargo del Estado Nacional.

Otra medida de Aramburu para reinstalar el poder de la oligarquía fue el de restituir los terrenos en el barrio de Palermo a la Sociedad Rural que habían sido expropiados por el peronismo.

Una de las medidas que comenzó a establecer lazos de dependencia de nuestro país fue la adhesión a los organismos financieros internacionales como el FMI y al Banco Mundial, entre los considerandos de la decisión se decía que “es perjudicial para la economía argentina continuar en el estado de aislamiento en que se la mantenía con respecto a las instituciones internacionales. Que consecuentemente con esa línea política, el Gobierno Provisional, debe iniciar cuanto antes las gestiones pertinentes para la adhesión a los convenios de Breton Woods e incorporar al país al Fondo Monetario internacional y al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento”. (41)

Para justificar la decisión el Ministro de Finanzas, Alejo García, indicó que Argentina era el único país latinoamericano que no había adherido al FMI y negaba que esa determinación lesionara la soberanía nacional, no pasaría mucho tiempo para que la realidad lo desmintiera.

Los medios de comunicación extranjeros mostraban su euforia por el rumbo que adoptaba la economía del país, la revista Bussiness Week realizaba un encendido elogio al autor del plan económico y evidenciaba su ideología favorable a las elites y de desprecio por los sectores populares: “La declaración gubernamental de apoyo a Prebisch fue interpretada como un afianzamiento de la política destinada a no escuchar más a las masas”. También informaba la revista que los negociadores argentinos se habían trasladado hasta Washington para tramitar un préstamo por 1.200 millones de dólares. (42)

El FMI aceptó el ingreso de la Argentina, la cuota que debía aportar era de 150 millones de dólares, el 25 % debía ser en oro y el resto en pesos moneda nacional.

Este clima de euforia de las clases privilegiadas se expresaba con la verborragia de los integrantes de esos sectores, uno de los más favorecidos el presidente de la Sociedad Rural, Juan José Blaquier, exclamaba en la exposición anual de Palermo:“Afortunadamente, gracias a esa heroica gesta que llamamos Revolución Libertadora vivimos la era de la verdad, de la libertad y la justicia y por suerte ya ha pasado la triste y aciaga época de la mentira y de los cantos de sirena”. (43) No era el primer golpe de Estado que apoyaría esta institución que agrupaba a los mayores terratenientes del país, tampoco sería el último.

Otra resolución del Poder Ejecutivo fue la de declarar la autarquía del Banco Central siendo designado presidente el radical Eduardo Laurencena, el anterior presidente Luis Firpo había renunciado para integrar la Comisión Directiva de la Sociedad Rural.

En la asunción del nuevo directorio del BCRA, el Ministro de Hacienda Eugenio Blanco elogió la etapa probritánica de la institución que también había contado con el ahora retornado Raúl Prebisch, decía el ministro: “Puede decirse que fue estrictamente técnica, que fue honesta, que fue patriótica y que fue realista”. (44)

Comenzó una etapa de fuerte endeudamiento externo, el país recibió un préstamo de 100 millones de dólares para poder concretarlo, el ministro de Hacienda informa que llegaría al país una delegación del Banco de Importación y Exportación para efectuar un análisis de las necesidades del país, pero el crédito sólo podía ser utilizado para comprar en los Estados Unidos equipos y servicios para proyectos considerados urgentes.

En septiembre de 1956 se conoce un informe del FMI sobre nuestro país, en el documento se decía:“Se espera que la fuerte devaluación impuesta en octubre de 1955, junto con los mayores precios internos para los productos agrícolas decretados a fines del año anterior, aumente en definitiva los antecedentes exportables, estimulando la producción”. (45)

El ministro de Hacienda informaba sobre las resoluciones del FMI para nuestro país, mostrando el carácter dependiente que iba adoptando la economía, el organismo aceptaba la paridad de 18 pesos por dólar y de esa manera se concretaba la incorporación del país a dicha institución, también se transcribían los elogios por la flexibilización en el sistema de importaciones, la liberación de las transacciones de capital y el abandono de las prácticas bilaterales reemplazándolas por acuerdos multilaterales.

El Fondo no quería acuerdos entre las naciones sino que pretendía que se realizaran con la participación de esos organismos a los que llamaba multilaterales y que podían ser monitoreados por las grandes potencias.

En enero de 1957 Aramburu reformó su gabinete, como nuevo Ministro de Hacienda fue designado Roberto Vernier, a los pocos días de asumir declaraba: “Soy un decidido partidario del libre juego de la iniciativa privada en el orden económico… Argentina necesita en esta etapa de su desenvolvimiento el concurso de los capitales extranjeros. Estoy convencido de que han de darse las mayores facilidades para todos aquellos que quiera venir a radicarse en el país a fin de contribuir al progreso de la Nación”. (46)

En febrero se anunciaba la prorroga de los Convenios Colectivos de Trabajo que implicaba un congelamiento de los salarios mientras que los precios estaban liberados, esta combinación produjo una acelerada pérdida del poder adquisitivo de los salarios y un incremento notorio de la conflictividad sindical.

Se conoce un informe del Chase Manhattan Bank sobre la Argentina donde ponía en evidencia la preocupación por el incremento de la resistencia de los trabajadores al proyecto liberal que quería imponer autoritariamente el Poder Ejecutivo, decía el informe: “La industria hostigada por las huelgas y el trabajo a desgano, no alcanzó al 10 % de aumento de la producción que se proyectaba para 1956…La producción industrial creció solamente en el dos por ciento de enero a noviembre de 1956 y bajó agudamente en el cuarto trimestre de ese año debido a las dificultades obreras”. (47)

En marzo Aramburu vuelve a modificar el gabinete, en el Ministerio de Hacienda designa a Adalbert Krieger Vasena que ya había formado parte de la Comisión Asesora Honoraria de Economía y formado parte de la misión a los Estados Unidos que había gestionado un préstamo y la incorporación al FMI.

Un termómetro perfecto para establecer los intereses que representa un determinado gobierno es comprobar cuales son los medios de prensa que lo apoyan y los que lo cuestionan, si se reciben elogios de aquellos medios vinculados al imperialismo casi con seguridad que esa administración no actúa para beneficiar a la mayoría de la población.

Precisamente por eso Aramburu fue llenado de elogios por los medios norteamericanos, la revista Time se expresaba positivamente sobre el presidente por haber tomado medidas como la devaluación del peso, la liquidación del IAPI y el impulso al agro.

Una clara evidencia del carácter de sumisión a los Estados Unidos que adquirió el gobierno argentino se puso de manifiesto en la realización en Buenos Aires de la Primera Conferencia Económica Interamericana, en la presentación Aramburu expresó: “Señores: Los países que se aíslan por obra de complejos que algunos llaman nacionalismo, deformación y exageración del patriotismo, labran sus propias desgracias y forjan el destino incierto de la miseria, generalmente tras aparatosos gobiernos de dictadura donde es un arte la ocultación del empobrecimiento o el disimulo del desparejo enriquecimiento”.

Mientras que Krieger Vasena explicó: “En realidad, en los últimos años, las inversiones extranjeras solamente han constituido un pequeño por ciento del conjunto de inversiones. Esta proporción tendría que aumentar apreciablemente para que pueda acelerarse la tasa de desarrollo económico americano … Aquí vemos también como es necesario en la lucha antiinflacionaria combinar simultáneamente medidas internas con el aumento de la inversiones y créditos extranjeros que contrarresten los efectos depresivos de una política de continencia crediticia”. (48)

En septiembre de 1957 se realizó una reunión en el despacho del vicepresidente, Isaac Rojas, con la presencia de varios ministros, en la misma se decide reglamentar el derecho de huelga en virtud de la creciente conflictividad gremial a pesar de la sostenida represión que castigaba con detenciones y despidos los intentos reivindicatorios de los trabajadores que realizaban medidas de fuerza. Según este nuevo reglamento el Ministerio de Trabajo intervendría de oficio o ante el pedido de una de las partes, pudiendo decretar la conciliación obligatoria por 15 días hábiles pudiendo prorrogarse por otros 15.

Los trabajadores debían realizar una Asamblea antes de convocar a un paro, anunciar la medida tres días antes y estaban obligados a retirarse de sus lugares de trabajo. Si se eludía algunas de estas medidas el Ministerio de Trabajo podía declarar ilegal el paro. Tras lo cual el trabajador que no se presentaba a su lugar de trabajo podía ser despedido por abandono de trabajo. Mientras se determinó esta medida se estaba realizando un importante paro telefónico, de telegrafistas y de algunas seccionales de la Unión Ferroviaria.

Varios gremios salieron a cuestionar la medida de reglamentación del derecho a huelga que significaba de hecho la prohibición de efectuar medidas en defensa de los derechos laborales, cada vez que sale una restricción de este tipo las obligaciones siempre son para los trabajadores y nunca para los empresarios.

Una de las primeras decisiones de Krieger Vasena fue anunciar la desnacionalización de los depósitos bancarios, esto produjo malestar entre los directores del Banco Central que no estaban de acuerdo con la medida, también algunos radicales hacen saber su disconformidad con la política petrolera del gobierno.

La Revolución Libertadora también tuvo un funcionario que implicará toda una definición de su posición ideológica al designar como presidente del Instituto Nacional de Granos y Elevadores a José Alfredo Martínez de Hoz miembro de una familia oligárquica cuyos antepasados habían sido socios fundadores de la Sociedad Rural y quién ocupó el Ministerio de Economía durante la sangrienta dictadura que comenzó con el golpe de estado del 24 de marzo de 1976.

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(36) La Nación 22/12/1955
(37) La Nación 8/12/1955
(38) La Nación 26/12/1955
(39) La Nación 12/1/1956
(40) Clarín 17/2/1956
(41) El Mundo 20/4/1956
(42) La Nación 30/5/1956
(43) La Nación 15/7/1956
(44) La Prensa 14 y 15/8/1956
(45) La Prensa 24/9/1956
(46) La Prensa 29/1/1957
(47) La Nación 23/3/1957
(48) La Prensa 18/8/1957

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